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Bitácora de Martha Cecilia Ruiz

Un millón de nicas son legalmente inexistentes

Un millón de nicas son legalmente inexistentes

Martha C. Ruiz

Desde todas las comunidades y caseríos de Nicaragua, -por muy lejos que se encuentren- hombres de diversas condiciones sociales, credos y filiaciones políticas bajan a las distintas alcaldías para inscribir los fierros con que marcan a su ganado. Claro, quien tiene una bestia se asegura de protegerla y así invierte tiempo y dinero para garantizar sus derechos aunque sea sobre una sola vaca, un caballo o un burro. Demás está decir que la preocupación se justifica en la necesidad de resguardar a los animales de la delincuencia, marcándoles letras o iniciales que identifican su pertenencia. Sin embargo, cuando se trata de inscribir a niños y niñas, la historia es otra muy distinta. No es lo mismo garantizar los derechos de propiedad sobre una bestia, que garantizar el respeto a los derechos humanos de un niño o una niña, la sola comparación es grotesca, pero en la realidad hay más hombres preocupados por sus bienes que por la existencia legal de sus hijos e hijas. Incluso, dentro de muchas alcaldías son mejores las condiciones de trabajo del registrador de fierros que las del encargado del Registro Civil de las Personas y en algunas alcaldías ambas funciones las realiza el mismo funcionario. Se calcula que cerca de un 35% de los niños, niñas y adolescentes de Nicaragua son legalmente inexistentes, es decir nadie se ha tomado el trabajo de inscribirlos para asegurar sus derechos, para que tengan como corresponde un nombre, una nacionalidad y el disfrute de las garantías que eso significa. Son cerca de un millón de nicaragüenses legalmente excluidos porque no existen oficialmente, según el doctor Hugo Rodríguez consultor de UNICEF la cifra no es antojadiza, sino que está debidamente sustentada al confrontar los cálculos del Instituto Nicaragüense de de Estadísticas y Censos (INEC), del Ministerio de Salud (Minsa) y el indicador de nacimientos fuera del sistema de salud (partos domiciliares), además del número acumulado por año. Solamente en la RAAN durante poco más de dos años se han inscrito más de 96 mil niños, niñas y adolescentes, con un proyecto conjunto de UNICEF, Save The Children Canadá y Plan Internacional, -junto a alcaldías, organismos no gubernamentales e instituciones locales-, apoyados en la creación de una amplia red de registradores comunitarios, compuesta por jueces comunales (Wihtas), líderes en salud, maestros, maestras y líderes religiosos. Solamente en la RAAS según diagnostico reciente, se tienen identificados a mas de 106 mil niñas, niños y adolescentes sin registro de nacimiento. Las razones para no inscribir a los niños y las niñas, pueden ser muchas y evidencian la indiferencia, deficiencias y hasta los tropiezos del Estado de Nicaragua frente a los derechos de la niñez y la adolescencia y la falta de la responsabilidad de padres y madres o el machismo que impide a muchos padres asumir con sus responsabilidades, pero también revelan, en general, la ausencia de una cultura de derechos. Una de las principales debilidades del sistema de registro actual -con un modelo de más de cien años- es su limitada cobertura pues contempla sólo 153 Registradores Municipales y 28 Registradores Auxiliares para atender 5 mil comunidades, 3 mil de las cuales son rurales. Los registradores, además son estáticos y pasivos y por lo tanto no se movilizan hasta las comunidades, caseríos o municipios alejados, porque el enfoque histórico ha sido la inscripción entendida principalmente como una obligación de los padres y madres y no como un derecho del niño o la niña ante el cual el Estado es responsable de brindar todas las condiciones para su goce y disfrute. La multas que impone el sistema actual, después de un período determinado posterior al nacimiento, no toman en cuenta las grandes distancias y los costos económicos en que deben incurrir los padres y madres de las zonas rurales para inscribir a sus hijos e hijas, algo que resulta difícil pues la mayoría vive en la pobreza o la pobreza extrema. Además, para la inscripción se exige una constancia de nacido vivo, que es otorgada por las 1 mil 59 unidades de salud para igual número de comunidades, y que excluye a los niños y niñas nacidos en sus casas, sin asistencia institucional. Se suma a esto la irresponsabilidad paterna y en general el no reconocimiento pleno de los niños y las niñas como sujetos de derecho. Nicaragua está pendiente con muchos de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y entre otras cosas como Nación hemos respondido parcialmente a las recomendaciones derivadas de la misma en cuanto a: “tomar todas las medidas posibles para lograr la inscripción inmediata de todos los nacimientos” y promover y facilitar, el registro de aquellos niños y niñas que no fueron inscritos al nacer”. Los niños y niñas que no existen legalmente, no cuentan dentro de sus municipios, no son parte de las cifras oficiales, son ilegales en su propia tierra y ha habido casos donde demostrar que una niña ha sido víctima de una violación tiene como principal tropiezo la falta de una partida de nacimiento que demuestre su existencia como persona. Pronto estaremos celebrando el día internacional y la Semana de la Niñez Nicaragüense, ojalá que más que una jornada de piñatas y fiestas con chimbombas y payasos, sea una oportunidad para la promoción y defensa de los derechos de los niños y las niñas nicaragüenses, empezando por su derecho constitucional a un nombre y a una nacionalidad.

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